Real DecretoNacionalvigente

Sentencia de 10 de julio de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar el recurso contencioso-administrativo número 4487/2016 contra el Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas de Galicia-Costa, de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, del Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras, en relación con el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, qu

BOE-A-2019-11324Publicada: 02/08/2019TRIBUNAL SUPREMO

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Una sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2019 que resuelve un juicio presentado por la empresa Netco Investment contra el Real Decreto 11/2016. Este decreto del Gobierno había aprobado unos Planes Hidrológicos (documentos que regulan cómo se gestiona el agua) para varias cuencas españolas, incluyendo la de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas. El juicio se centró en si ese decreto había sido legal. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a la empresa Netco Investment, que ganó el juicio. Pero también afecta a todas las administraciones públicas y ciudadanos vinculados a la gestión del agua en la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas (zona del sur de España), porque el plan que regulaba esta zona queda sin validez legal. **¿Qué cambia o establece?** Anula (deja sin efecto) la aprobación del Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas que estaba en ese Real Decreto. Esto significa que ese plan ya no tiene validez legal y deberá ser revisado o reelaborado. La sentencia se dicta sin condena al pago de costas (gastos procesales) por ninguna de las partes.

💬 Contexto ciudadano

Esta sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2019, que estima el recurso de la empresa Netco Investment, añade un nuevo pronunciamiento a la serie de anulaciones de los Planes Hidrológicos de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas aprobados por el Real Decreto 11/2016. La intervención de actores privados en la impugnación de planes hidrológicos refleja cómo estos instrumentos afectan directamente a los derechos de propiedad y uso del suelo en las zonas de dominio público hidráulico. Las sentencias acumuladas del TS sobre los planes hidrológicos andaluces de 2016 supusieron un precedente relevante para la reforma del proceso de aprobación de los nuevos planes del siguiente ciclo de gestión hídrica, exigido por la Directiva Marco del Agua con mayor rigor procedimental en materia de participación y evaluación ambiental.

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