Sentencia de 5 de julio de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar el recurso contencioso-administrativo número 4478/2016 contra el Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas de Galicia-Costa, de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, del Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera) dictada el 5 de julio de 2019 que acepta un recurso presentado por la empresa Gestión de Inmuebles Adquiridos S.L.U. contra el Real Decreto 11/2016, que aprobaba los Planes Hidrológicos de varias demarcaciones hidrográficas en España. **¿A quién afecta?** Principalmente afecta a Gestión de Inmuebles Adquiridos S.L.U., que ganó el recurso, y a la Administración responsable del Real Decreto. También impacta en las demarcaciones hidrográficas de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas y del Guadalete y Barbate, cuyos planes quedan anulados. **¿Qué cambia o establece?** La sentencia declara nulo el Real Decreto 11/2016 respecto al Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas y del Guadalete y Barbate, por ser contrario a las leyes. Esto significa que ese plan deja de tener validez legal y debe elaborarse nuevamente conforme a derecho. Se condena sin costas.
💬 Contexto ciudadano
Esta sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2019 añade otro pronunciamiento a la serie que anuló los Planes Hidrológicos del Real Decreto 11/2016, a instancia de la empresa Gestión de Inmuebles Adquiridos. La multiplicidad de recursos de distintos actores —administraciones, empresas y particulares— contra los mismos planes hidrológicos refleja el amplio impacto territorial de estos instrumentos, que afectan a múltiples intereses: uso del agua, protección de márgenes fluviales, restricciones urbanísticas y derechos de propietarios ribereños. La resolución acumulada de todos estos recursos en un corto espacio de tiempo evidenció la necesidad de revisar profundamente el proceso de aprobación de los planes hidrológicos en España para garantizar la participación pública y la evaluación ambiental exigidas por la normativa europea.