Sentencia de 4 de julio de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar el recurso contencioso-administrativo número 41/2018 contra el Real Decreto 1023/2017, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Convenio entre la Administración General del Estado, el Gobierno de la Rioja y la Autopista Vasco-Aragonesa, Concesionaria Española, S.A.U., para la aplicación de medidas de bonificación de peajes a determinados vehículos pesados en la autopista AP-68 en el tramo "Zambrana-T
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una sentencia del Tribunal Supremo de España (4 de julio de 2019) que resuelve un recurso presentado por la empresa Grupo Logístico Arnedo contra el Real Decreto 1023/2017. Este decreto había aprobado un convenio entre el Estado, el Gobierno de La Rioja y la autopista AP-68 para reducir peajes a ciertos vehículos pesados en ese tramo. **¿A quién afecta?** Principalmente a la empresa Grupo Logístico Arnedo, que ganó el pleito, y a todas las partes del convenio (la Administración General del Estado, el Gobierno de La Rioja y la concesionaria de la autopista). También afecta a los vehículos pesados que podían haber usado esa bonificación de peajes. **¿Qué cambia o establece?** La sentencia declara nulo el Real Decreto 1023/2017, lo que significa que el convenio de bonificación de peajes queda sin efecto legal. La resolución debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado y notificarse a todas las partes involucradas. Las costas del proceso se regulan según lo establecido en los fundamentos de la sentencia.
💬 Contexto ciudadano
La sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio de 2019 estima el recurso de Grupo Logístico Arnedo contra el convenio de bonificación de peajes en la autopista AP-68 (tramo Zambrana-Tudela) aprobado por el Real Decreto 1023/2017. Las bonificaciones de peajes para vehículos pesados son un instrumento de política de transporte que busca incentivar el uso de infraestructuras existentes y compensar el impacto de los peajes en la competitividad de las empresas de transporte. El TS consideró que el convenio vulneraba algún requisito procedimental o sustantivo esencial. La sentencia tiene relevancia para la política de infraestructuras de transporte de La Rioja, comunidad que dependía de estas bonificaciones para mejorar la competitividad logística de sus empresas en un corredor de alta intensidad de tráfico de mercancías.