Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

💬 Contexto ciudadano

Antes de la entrada en vigor de la Ley 3/2020, el sistema judicial en España funcionaba bajo un marco normativo estatal que regulaba las competencias y procedimientos judiciales sin considerar las particularidades de las Comunidades Autónomas (CCAA). A diferencia de la Unión Europea, donde existían normas más flexibles y adaptativas para hacer frente a crisis sanitarias, el sistema estatal mostraba cierta rigidez. La importancia de esta ley radica en que permitió una mayor flexibilidad y adaptación a la situación excepcional generada por la pandemia, mejorando la eficiencia y accesibilidad del sistema judicial en el contexto de las CCAA.