Real Decreto 907/2025, de 8 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a entidades del tercer sector y a otros organismos en materia de protección a la infancia y la adolescencia y la promoción de la participación de la juventud.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** El Gobierno puede dar dinero directamente a organizaciones sin ánimo de lucro (ONG, asociaciones, fundaciones) que trabajen protegiendo a menores y promoviendo que los jóvenes participen en decisiones que les afectan. No tienen que competir en una convocatoria pública: la administración elige directamente quién recibe la subvención. **A quién afecta** Principalmente a asociaciones, fundaciones y ONG que se dedican a defender derechos de niños y adolescentes, fomentar su educación, prevenir maltrato o exclusión social. También importa a jóvenes y menores que se benefician de estos programas, y a ayuntamientos o comunidades autónomas que colaboran con estas entidades. **Qué cambia** Acelera la financiación de proyectos urgentes en protección de infancia sin esperar a convocatorias lentas. Las organizaciones ganan estabilidad: pueden acceder a fondos de forma más ágil para mantener servicios de emergencia, acogida o programas de participación juvenil. Se abre la puerta a colaboraciones más flexibles entre la administración y el tercer sector. **Cuándo entra en vigor** A partir del 8 de octubre de 2025, aunque la administración puede comenzar a tramitar subvenciones bajo estas reglas desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado
💬 Contexto ciudadano
El Real Decreto 907/2025 autoriza la concesión directa de subvenciones a entidades del tercer sector que trabajen en protección de menores y participación juvenil, en el marco de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia de 2021. Esta norma crea la base jurídica para financiar de manera ágil proyectos de organizaciones con dilatada experiencia que no pueden esperar a los plazos de una convocatoria ordinaria. Comparado con el modelo neerlandés, donde las entidades juveniles con financiación pública deben pasar por acreditaciones periódicas y auditorías de impacto, o con el sistema sueco de subvenciones a la sociedad civil con criterios de universalidad, el modelo español de directas a entidades preseleccionadas genera menor pluralismo en la prestación de estos servicios pero mayor continuidad programática, lo que en servicios de atención a menores en situación de vulnerabilidad tiene un valor añadido difícil de medir pero reconocido por las propias familias usuarias.