Instrumento de aceptación de la Enmienda al Convenio de Basilea sobre control de movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, hecha en Ginebra el 22 de septiembre de 1995.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es el documento legal mediante el cual España acepta una enmienda al Convenio de Basilea sobre desechos peligrosos. La enmienda fue aprobada en Ginebra el 22 de septiembre de 1995 y fue autorizada por las Cortes Generales antes de su aceptación. El instrumento fue firmado por el Rey Juan Carlos I el 23 de julio de 1997. **¿A quién afecta?** Afecta a España y a las empresas españolas que transporten desechos peligrosos hacia otros países. También afecta a los países listados en el Anexo VII (países de la OCDE, la Unión Europea y Liechtenstein) y a los países que no están en esa lista. De manera especial, protege a los países en desarrollo contra la importación de desechos peligrosos. **¿Qué cambia o establece?** La enmienda prohíbe que los países del Anexo VII envíen desechos peligrosos para ciertas operaciones de eliminación hacia países fuera de la lista. También obliga a reducir gradualmente hasta el 31 de diciembre de 1997 el envío de otro tipo de desechos peligrosos hacia países no enumerados, y lo prohíbe completamente a partir de esa fecha. El reconocimiento en el preámbulo acepta que estos movimientos transfronterizos representan un alto riesgo para el medio ambiente en países en desarrollo.
💬 Contexto ciudadano
El Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos (1989) es el principal tratado internacional sobre gestión responsable de residuos peligrosos. La enmienda aprobada en Ginebra el 22 de septiembre de 1995, conocida como Enmienda de Prohibición, prohíbe la exportación de residuos peligrosos desde países de la OCDE a países no-OCDE para cualquier fin. España acepta formalmente esta enmienda en 2019, completando el proceso de ratificación nacional. Comparado con otros países europeos que aceptaron la enmienda en la década de los 2000, España se sitúa entre los últimos en formalizar su aceptación, que contribuye a reforzar el régimen internacional de protección ambiental frente al dumping de residuos hacia países en desarrollo con menor capacidad de control ambiental.