Real Decreto 904/2025, de 8 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a diversas entidades.
¿Qué dice esta ley?
**Subvenciones directas para entidades sociales sin concurso público** El Estado va a entregar dinero directamente a organizaciones sin pasar por el proceso habitual de convocatoria pública donde compiten varios solicitantes. Esto acelera la financiación para proyectos que el Gobierno considera prioritarios en áreas como derechos sociales, consumo responsable y objetivos de desarrollo sostenible. Esta medida afecta principalmente a asociaciones, fundaciones y organizaciones no lucrativas que trabajan en políticas sociales. También impacta indirectamente en las empresas que colaboran con estas entidades y en cualquier ciudadano que use los servicios que financian estas subvenciones (centros de atención, programas de inclusión, etc.). El cambio es que se saltan el requisito de convocar públicamente las ayudas y que otras entidades presenten proyectos rivales. Así, organizaciones concretas reciben fondos de forma más rápida y directa, sin competencia. Esto simplifica la tramitación pero reduce la transparencia comparada con un concurso abierto. Entra en vigor desde su publicación en octubre de 2025, aunque las entidades beneficiarias específicas y los proyectos subvencionados aparecerán en resoluciones posteriores del ministerio.
💬 Contexto ciudadano
El Real Decreto 904/2025 regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales a entidades del tercer sector para proyectos en derechos sociales, consumo responsable y ODS. La financiación directa del tercer sector de acción social sigue el modelo histórico del 0,7% del IRPF, que garantizó a las grandes ONG del sector una financiación casi estructural sin concurrencia. Comparado con el modelo alemán, donde la subsidiariedad entre el Estado y las entidades de bienestar de Caritas, Diakonie y Cruz Roja es reconocida jurídicamente con contratos plurianuales, el modelo español es más discrecional en la selección de los beneficiarios directos, lo que el Tribunal de Cuentas ha señalado como fuente potencial de clientelismo político y de desincentivo para la innovación social en el sector no lucrativo.