Marco de Asociación Estratégica entre el Gobierno del Reino de España y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2019-2021, hecho en Nueva York el 22 de septiembre de 2019.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Un acuerdo entre el Gobierno de España y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que cubre el período 2019-2021. Establece cómo ambas partes colaborarán en programas y proyectos de desarrollo sostenible, siguiendo la Agenda 2030 de Naciones Unidas como marco común para reducir la pobreza, las desigualdades y los efectos del cambio climático. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, que lo ejecutará en coordinación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. También afecta al PNUD, que es el organismo de la ONU para el desarrollo. De forma indirecta, afecta a los países y poblaciones que reciben cooperación española para el desarrollo sostenible. **¿Qué cambia o establece?** Renueva y formaliza la colaboración entre España y PNUD que ya existía desde 2005, actualizándola al período 2019-2021. Establece que ambas partes trabajarán conjuntamente en objetivos compartidos alineados con la Agenda 2030. Autoriza que España proporcione contribuciones financieras al PNUD para que cumpla su mandato de desarrollo, mejorando la planificación estratégica, calidad y eficacia de sus acciones conjuntas.
💬 Contexto ciudadano
La Asociación Estratégica 2019-2021 entre España y el PNUD actualiza un marco colaborativo existente desde 2005, formalizando la alineación de la cooperación española con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Mientras que la cooperación internacional es competencia estatal y no autonómica, este acuerdo se enmarca en la política exterior común europea de desarrollo sostenible, aunque con autonomía bilateral. El tratado requirió aprobación parlamentaria española y responde a compromisos adquiridos globalmente por España ante la ONU. Su relevancia radica en que moviliza fondos públicos españoles para reducir pobreza y desigualdades, principalmente en América Latina y África, lo que afecta directamente a la eficacia y transparencia en el uso de la ayuda oficial al desarrollo financiada por contribuyentes españoles.