Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Un decreto-ley de urgencia aprobado por el gobierno de España el 11 de octubre de 2019, en respuesta inmediata a la quiebra del grupo empresarial Thomas Cook. Este grupo británico, el segundo mayor operador turístico del mundo, presentó insolvencia el 23 de septiembre de 2019, cancelando todas sus operaciones y dejando sin efecto millones de reservas de viajes. **¿A quién afecta?** Principalmente a trabajadores y empresas turísticas en Canarias y Baleares, territorios que dependían enormemente de Thomas Cook para llevar turistas extranjeros, especialmente británicos. También afecta a proveedores de bienes y servicios de Thomas Cook en toda España, y a filiales españolas de la empresa que ya están en procedimientos de insolvencia. El impacto se extiende al sector hotelero, de transporte y comercial relacionado. **¿Qué cambia o establece?** El decreto-ley reconoce la crisis extraordinaria generada y establece que el gobierno debe adoptar medidas urgentes para paliar los efectos de la insolvencia de Thomas Cook. Su objetivo es mitigar las consecuencias nocivas, mantener la actividad turística y proteger el empleo en los territorios afectados mientras el sector turístico se adapta a la pérdida de este gran operador.
💬 Contexto ciudadano
Ante la quiebra de Thomas Cook en septiembre de 2019, España carecía de mecanismos específicos de respuesta rápida para crisis empresariales de escala global en el sector turístico. Este decreto-ley implementa un sistema de protección similar al establecido en la Directiva 2019/1023 UE sobre insolvencia, pero con carácter extraordinario. Mientras algunas CCAA contaban con fondos de contingencia turística, la normativa estatal no contemplaba intervención ejecutiva inmediata. El gobierno español aprobó la medida sin necesidad de debate parlamentario—característica del decreto-ley—, frente a la regulación ordinaria que sí requeriría votación. Esta urgencia resulta crítica para ciudadanos de Canarias y Baleares, cuyo empleo y servicios dependían de Thomas Cook, permitiendo reasignación de recursos públicos y protección laboral inmediata mientras el sector se reposiciona.