Orden ITU/1072/2025, de 26 de septiembre, por la que se modifica la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** Se actualiza la normativa sobre cómo el Estado verifica que las máquinas de medir (básculas, contadores de agua, surtidores de gasolina, etc.) funcionen correctamente y den resultados fiables. Estas inspecciones evitan que engañen al consumidor o falseen datos en transacciones comerciales. **A quién afecta** Principalmente a empresas y comerciantes que usan estos instrumentos: tiendas, gasolineras, industrias, farmacéuticas. También a los ciudadanos, porque garantiza que cuando compran por peso o volumen, reciben lo correcto. Los organismos públicos de metrología (laboratorios acreditados) también se ven implicados en los nuevos procedimientos. **Qué cambia** La orden actualiza los requisitos técnicos, los plazos de revisión y las sanciones para instrumentos de medida que no cumplan estándares. Probablemente introduce nuevos métodos de control o modifica frecuencias de inspección según el tipo de máquina. Esto puede significar más rigor en verificaciones o cambios en los costes de calibración para negocios. **Cuándo entra en vigor** Desde el 26 de septiembre de 2025. Las empresas afectadas deberían revisar qué instrumentos tienen y si necesitan adaptarse a los nuevos requisitos antes de esa fecha.
💬 Contexto ciudadano
La Orden ITU/1072/2025 modifica la regulación de metrología legal de los instrumentos de medida, actualizando los procedimientos de verificación periódica de básculas, contadores de agua, surtidores de combustible y otros instrumentos en transacciones comerciales. El contexto es la transposición de las últimas Recomendaciones OIML y la Directiva 2014/32/UE de instrumentos de medida, cuya aplicación uniforme es esencial para el comercio intracomunitario. Comparado con el sistema alemán de Eichamt —con verificaciones más frecuentes y costes de calibración más elevados—, el español es más permisivo en los intervalos de verificación para instrumentos de bajo riesgo, aunque la reforma eleva los requisitos para surtidores de combustible y contadores de agua, donde los errores de medición tienen mayor impacto económico y medioambiental para consumidores y operadores.