Real Decreto-leyNacionalvigente

Resolución de 22 de octubre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.

BOE-A-2019-15486Publicada: 29/10/2019CORTES GENERALES

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Es una Resolución del Congreso de los Diputados que comunica la convalidación (aprobación) de un Real Decreto-ley de octubre de 2019. Este decreto-ley contenía medidas urgentes para paliar los efectos causados por la insolvencia del grupo Thomas Cook. La Resolución ordena publicar este acuerdo para que sea conocido por los ciudadanos. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a personas y empresas impactadas por la insolvencia de Thomas Cook, así como a quienes dependían de las medidas urgentes que el decreto-ley establecía para mitigar esos efectos. **¿Qué cambia o establece?** No introduce nuevas medidas. Lo que hace es confirmar que el decreto-ley ya publicado fue aprobado oficialmente por el Congreso. Esta aprobación es necesaria para que el decreto-ley permanezca vigente de forma permanente, en lugar de perder validez tras su período temporal inicial.

💬 Contexto ciudadano

Antes de la insolvencia de Thomas Cook en septiembre de 2019, el régimen de protección de consumidores y medidas ante crisis empresariales se regía por la Ley Concursal 22/2003 y normativa sectorial de viajes combinados, sin mecanismos de excepción acelerada. Este Real Decreto-ley representó una respuesta urgente estatal similar a las implementadas por Francia, Italia y Alemania, aunque España fue particularmente afectada por la paralización de 900.000 pasajeros y 23.000 empleados. La convalidación del Congreso de los Diputados convierte la medida temporal en permanente, diferenciándose de CCAA que carecen de competencias legislativas en la materia. La relevancia para el ciudadano radica en la garantía de protección efectiva ante insolvencias masivas de operadores turísticos transnacionales, estableciendo precedente para futuras crisis sectorialesanálogas y reforzando derechos de consumo según directivas europeas de protección al viajero.

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