Real Decreto 814/2025, de 16 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 854/2022, de 11 de octubre, por el que se crean la Mesa Nacional del Regadío y el Observatorio de la Sostenibilidad del Regadío, en lo que se refiere a la composición de la Mesa Nacional del Regadío.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** El Gobierno ha reorganizado quién participa en la Mesa Nacional del Regadío (órgano donde se reúnen agricultores, administración y expertos para hablar de irrigación). Cambia la composición de sus miembros, es decir, qué organizaciones y profesionales forman parte de ella. **A quién afecta** Principalmente a agricultores y ganaderos que usan riego, organizaciones agrarias, y a la administración pública. También toca indirectamente a los ciudadanos, porque el riego es clave en la alimentación y el agua disponible. **Qué cambia** Se modifica la lista de quién sienta en la mesa: entra gente nueva, sale otra, o cambia cómo se distribuyen los escaños. Esto afecta a qué voces se escuchan cuando se deciden políticas sobre cómo usar el agua para agricultura, cómo hacerla más sostenible, o qué problemas de sequía o contaminación se abordan. La idea es que la mesa sea más representativa o eficaz. **Cuándo entra en vigor** Desde el 16 de septiembre de 2025. Los nuevos miembros deberían estar incorporados a partir de esa fecha.
💬 Contexto ciudadano
El Real Decreto 814/2025 modifica la composición de la Mesa Nacional del Regadío, actualizando la representación de organizaciones agrarias, comunidades de regantes, administraciones hidráulicas e institutos de investigación en este órgano consultivo adscrito al Ministerio de Agricultura. La Mesa fue creada en 2022 como foro de coordinación de la política de modernización de regadíos, en un contexto de creciente tensión entre derechos concesionales de regantes y demandas ambientales de caudales ecológicos de la Directiva Marco del Agua. La reforma responde a las críticas de infrarepresentación de las organizaciones de regantes de cuencas internas autonómicas y refuerza la participación técnica de los institutos de investigación agronómica, cuya base científica es esencial en un debate donde los datos hidrológicos y agronómicos son el núcleo de las decisiones de política hidráulica.