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ResoluciónNacionalvigente

Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte.

BOE-A-2019-18276Publicada: 20/12/2019Ministerio de Cultura y Deporte

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Es una Resolución del Consejo Superior de Deportes de diciembre de 2019 que aprueba la lista oficial de sustancias y métodos prohibidos en el deporte español. Esta lista entró en vigor el 1 de enero de 2020 y sigue las reglas establecidas en el Código Mundial Antidopaje de la UNESCO. **¿A quién afecta?** Afecta a todos los deportistas que tienen licencia para competir en competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal. Les aplica en los controles de dopaje que se realicen tanto en las competiciones como fuera de ellas. **¿Qué cambia o establece?** Establece cuáles son todas las sustancias y métodos prohibidos en el deporte (esteroides anabolizantes, hormonas, sustancias sin aprobación médica, y otras). Anula la lista anterior de 2018 y la reemplaza con esta nueva versión ajustada a los estándares internacionales, aunque mantiene en vigencia las listas especiales para dopaje en galgos y competiciones hípicas.

💬 Contexto ciudadano

Antes de esta resolución de 2019, España regía el control antidopaje mediante la lista de 2018, que requería actualización para alinearse con las revisiones anuales del Código Mundial Antidopaje de la UNESCO. A diferencia de algunos ordenamientos autonómicos con marcos propios menos restrictivos, España adopta aquí un estándar homogéneo aplicable en todas las comunidades autónomas, sin excepciones territoriales relevantes. Esta armonización es obligatoria para los Estados miembros de la UE y signatarios del Convenio Europeo contra el Dopaje, aunque la UNESCO marca el estándar global que garantiza competencias equitativas internacionales. Para el ciudadano deportista resulta crítico porque delimita con precisión qué sustancias invalidan la elegibilidad competitiva, siendo infracciones penalizadas tanto administrativamente como penalmente en casos graves. La actualización refleja el compromiso de transparencia y lucha contra prácticas que distorsionan la competencia leal y la salud pública.

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