Ley 7/2019, de 14 de noviembre, de modificación de la Ley 2/2000, del Consejo del Audiovisual de Cataluña, y de la Ley 11/2007, de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una ley que modifica las normas de funcionamiento del Consejo del Audiovisual de Cataluña y la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Se realiza por la transformación digital en el sector audiovisual y para recuperar criterios de gobernanza basados en el acuerdo amplio entre fuerzas políticas. **¿A quién afecta?** Afecta al Consejo del Audiovisual de Cataluña (la institución reguladora de la radio y televisión pública y privada), a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (operador público), al Parlamento de Cataluña (que elige a los miembros) y a todo el sector audiovisual de Cataluña. **¿Qué cambia o establece?** Establece que el Consejo tenga 5 miembros elegidos por el Parlamento con mayoría de dos tercios a propuesta de al menos tres grupos parlamentarios. Requiere que haya paridad de género (entre 40 y 60% de cada sexo) y que la presidencia y vicepresidencia respeten también la paridad. Los miembros no pueden ser parlamentarios, cargos políticos, trabajar en la administración pública ni tener direcciones en partidos, sindicatos o empresas. Deben presentar declaraciones de bienes patrimoniales y de actividades en los tres meses siguientes a tomar posesión del cargo.
💬 Contexto ciudadano
La Ley 7/2019 refuerza la independencia del Consejo del Audiovisual de Cataluña requiriendo supramayoría parlamentaria (dos tercios) para nombrar sus miembros, estándar más stringente que el régimen anterior y comparable al de reguladores en Andalucía o País Vasco. Alineándose con la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales (2010/13/UE), incorpora incompatibilidades explícitas e impone paridad de género obligatoria, mecanismos prácticamente ausentes en la normativa estatal previa. Mientras otras comunidades autónomas mantienen sistemas más vulnerables a influencias políticas, Cataluña fortalece la gobernanza transparente del sector audiovisual. Para el ciudadano, esto garantiza que la regulación de medios—sector crítico para el acceso a información—responda a criterios técnicos independientes, no a intereses partidistas circunstanciales.