Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Un decreto de emergencia de noviembre de 2019 que establece medidas urgentes sobre los pagos que reciben las empresas que generan electricidad en España. Responde a dos situaciones: el cierre inmediato de 8 centrales de carbón (que dejarían de funcionar antes de junio de 2020) y la necesidad de actualizar las tasas de ganancia que el Estado garantiza a las plantas renovables, de cogeneración y de residuos antes del cambio de periodo regulatorio el 1 de enero de 2020. **¿A quién afecta?** A las más de 60.000 instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos que necesitaban certeza sobre sus ingresos futuros. Especialmente a las comarcas que dependen del empleo directo o indirecto de las centrales de carbón que cierran, y a las instalaciones antiguas con derecho a tarifas especiales que estaban en pleitos (arbitrajes) para reclamar más dinero al Estado. **¿Qué cambia o establece?** Actualiza la tasa de ganancia garantizada (rentabilidad razonable) para nuevos proyectos renovables. Para las plantas antiguas con derecho a tarifa especial, ofrece la opción de mantener fija su tasa de ganancia durante 12 años (2020-2031), a cambio de renunciar a demandas legales, lo que les asegura una ganancia del 7,398 %. Además, prioriza criterios de empleo y desarrollo económico para autorizar nuevas conexiones en las zonas que pierden centrales de carbón, y amplía hasta febrero de 2020 el plazo para revisar los parámetros de pago de las plantas renovables.
💬 Contexto ciudadano
El Real Decreto-ley 17/2019 aborda la transición energética española mediante dos vías: la adaptación de los parámetros retributivos del sector eléctrico y la regulación del cierre anticipado de centrales térmicas de carbón. España tenía compromisos europeos de reducción de emisiones que hacían insostenible el funcionamiento prolongado de estas centrales. La norma establece mecanismos de compensación para las empresas que cerraban anticipadamente sus plantas, siguiendo el modelo de transición alemán aunque con menor cuantía compensatoria. El decreto-ley también responde a una sentencia del Tribunal Supremo que había cuestionado el marco retributivo anterior, en un contexto de alta litigiosidad del sector energético español y de creciente presión europea para acelerar la descarbonización del mix eléctrico nacional.