Conflicto entre órganos constitucionales n.º 2795-2025, en relación con el Acuerdo de la Mesa del Senado de 25 de febrero de 2025 y la Resolución del Presidente del Senado de 27 de febrero de 2025, ratificados con fecha 19 de marzo de 2025, por los que se rechaza la disconformidad del Gobierno a la tramitación de las enmiendas números 5 y 109, 32, 33, 34 y 45, 36, 104 y 110 presentadas al Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** Una disputa entre el Gobierno y el Senado sobre si ciertos cambios propuestos a una ley de alimentos pueden tramitarse o no. El Gobierno se opuso, pero el Senado decidió seguir adelante de todas formas. El Tribunal Constitucional (órgano que arbitra conflictos entre instituciones públicas) ha tenido que decidir quién tiene razón. **A quién afecta** Al Gobierno, al Senado y, indirectamente, a empresas de distribución alimentaria, comercios y ciudadanos que se benefician de normativas contra el desperdicio de comida. **Qué cambia** El resultado determina si el Senado puede incluir esas enmiendas (cambios) específicas en la ley sobre prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, o si debe detenerse por objeción del Gobierno. Establece también los límites de poder entre ambas instituciones: hasta dónde llega la capacidad del Gobierno de bloquear cambios legislativos que propone el Senado. **Cuándo** El conflicto se presentó en 2025 (febrero-marzo). La resolución del Tribunal Constitucional determinará si esas enmiendas avanzan en el proceso legislativo o se rechazan definitivamente.
💬 Contexto ciudadano
El conflicto entre órganos constitucionales (Gobierno vs. Senado) sobre las enmiendas a la Ley de prevención del desperdicio alimentario es uno de los pocos casos en que el Tribunal Constitucional debe actuar como árbitro entre poderes del Estado en un proceso legislativo. El Gobierno invocó su prerrogativa del artículo 134.6 CE, que permite rechazar enmiendas que impliquen aumento de créditos o disminución de ingresos, cuando el Senado propuso cambios que el Ejecutivo considera tienen impacto presupuestario. El Senado rechazó la disconformidad del Gobierno alegando que las enmiendas no tienen ese impacto fiscal. La resolución del TC determinará los límites de esta prerrogativa gubernamental, un asunto de alta sensibilidad constitucional porque afecta al equilibrio entre los poderes legislativo y ejecutivo en la tramitación de leyes. La ley de desperdicio alimentario, que busca reducir los 7,7 millones de toneladas de alimentos desperdiciados anualmente en España, queda en el limbo hasta que el TC resuelva.