Real Decreto 798/2025, de 9 de septiembre, por el que se crean y regulan el Consejo de las Lenguas Oficiales y la Oficina para las Lenguas Oficiales.
¿Qué dice esta ley?
Se crea una estructura institucional para coordinar y proteger el uso de las lenguas oficiales en España. Esto incluye un Consejo (órgano consultivo y de asesoramiento) y una Oficina (estructura administrativa ejecutiva) que trabajarán juntas en temas lingüísticos. **A quién afecta:** Principalmente a administraciones públicas, instituciones educativas y profesionales relacionados con lenguas. También a ciudadanos que usen servicios en lenguas cooficiales (como catalán, euskera, gallego, etc.). Las empresas privadas pueden verse afectadas si prestan servicios en zonas multilingües. **Qué cambia:** Ahora hay un punto de referencia único para resolver conflictos sobre uso de lenguas oficiales, garantizar que los servicios públicos funcionen en todos los idiomas reconocidos, y asesorar a la administración sobre política lingüística. Se establece quién toma decisiones y cómo se coordinan los territorios con lenguas cooficiales. **Cuándo entra en vigor:** El 9 de septiembre de 2025 es la fecha de publicación. La entrada en funcionamiento efectivo del Consejo y la Oficina se produce tras los trámites de constitución posterior, que generalmente toman algunos meses tras la publicación oficial.
💬 Contexto ciudadano
El Real Decreto que crea el Consejo de las Lenguas Oficiales y la Oficina para las Lenguas Oficiales es el intento institucional más ambicioso desde la Constitución de 1978 de gestionar el plurilingüismo en el Estado español más allá de la retórica. La reforma del Senado de 2023 para permitir el debate en lenguas cooficiales y los acuerdos de investidura de 2023 que incluían compromisos lingüísticos aceleraron la necesidad de crear estas estructuras. El Convenio Europeo de Lenguas Regionales y Minoritarias del Consejo de Europa (ratificado por España en 2001) establece obligaciones de promoción activa que España ha cumplido de forma desigual. A diferencia de Bélgica (con el Comité de Concertación entre entidades lingüísticas), Suiza (con la Confederación que garantiza el cuadrilingüismo federal) o Finlandia (con su modelo de bilingüismo constitucional), España carecía de una estructura institucional central dedicada a la coordinación lingüística. El Consejo y la Oficina intentan llenar este vacío, aunque su impacto real dependerá de los recursos y competencias que efectivamente se les atribuyan.