Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica complementaria ITC-BT-02 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una Resolución de la Dirección General de Industria de 9 de enero de 2020 que actualiza el listado de normas técnicas españolas (normas UNE) que se usan como referencia obligatoria en las instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios. El Reglamento electrotécnico desde 2002 permite actualizar estas normas cuando aparecen nuevas versiones. **¿A quién afecta?** Afecta a empresas instaladoras eléctricas, técnicos electricistas, empresas de mantenimiento eléctrico y cualquier profesional que realice, diseñe o revise instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios. También afecta a los fabricantes de equipos eléctricos que deben cumplir estas normas. **¿Qué cambia o establece?** Establece que deben usarse versiones más recientes de normas técnicas sobre tomacorrientes, enchufes domésticos, cables eléctricos, conductores, alumbrado de emergencia e instalaciones en edificios especiales (saunas, etc.). Reemplaza normas antiguas de 1993 y 1994 por versiones de 2012 y 2017. A partir del 9 de enero de 2020, los instaladores deben usar estas normas nuevas, dejando de ser válidas las antiguas para cumplir la regulación.
💬 Contexto ciudadano
Antes del 2020, el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (RBT) de 2002 permitía usar normas UNE de 1993 y 1994, que se volvieron obsoletas respecto a los estándares europeos de seguridad. Esta resolución armoniza la regulación española con las directivas UE sobre compatibilidad electromagnética (2014/35/UE) al actualizar las normas de referencia a versiones de 2012-2017. Siendo competencia estatal exclusiva, todas las CCAA están obligadas a aplicarla desde enero de 2020, sin excepciones regionales. Para el ciudadano, esto supone mayores garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de edificios, previniendo riesgos de incendio y accidentes mediante estándares técnicos más rigurosos y actualizados, alineando España con la normativa de seguridad vigente en la UE.