Ley Foral 32/2019, de 23 de diciembre, por la que se deroga el apartado 5 del artículo 3 bis de la Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de Navarra y de los altos cargos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una ley que elimina un complemento económico que existía en Navarra. Este complemento era un dinero extra que recibían ciertos funcionarios públicos cuando volvían a sus trabajos después de haber ocupado cargos de confianza en el gobierno o la administración. El complemento era el 25% de su sueldo básico. **¿A quién afecta?** A los funcionarios públicos de la Administración de Navarra que habían desempeñado cargos de libre designación (cargos de confianza del gobierno) durante más de dos años seguidos o tres años con interrupciones. Se trata principalmente de personal que pasó por puestos directivos o de jefatura temporal y luego regresó a sus puestos de funcionario. **¿Qué cambia o establece?** La ley establece que desaparece el complemento personal que estos funcionarios estaban recibiendo. A partir del día siguiente a su publicación (1 de enero de 2020), todos los funcionarios que venían cobrando ese 25% adicional dejan de recibirlo. Ya no tendrán derecho a ese dinero extra en sus nóminas futuras.
💬 Contexto ciudadano
La Ley Foral 32/2019 deroga un complemento personal del 25% que Navarra reconocía desde 1996 a funcionarios que retornaban tras ocupar cargos de confianza durante más de dos años. Esta prestación constituía una particularidad foral: mientras CCAA como Cataluña o el País Vasco no contemplan tales bonificaciones y la Ley 7/2007 estatal solo garantiza derechos de reincorporación, Navarra había establecido una compensación económica explícita. La derogación responde a criterios de contención del gasto público y austeridad fiscal, alineándose con la tendencia nacional de racionalización presupuestaria. Para el ciudadano, implica menores costes en la Administración Foral, aunque genera inseguridad respecto a futuras transiciones de altos cargos y reduce la retribución efectiva de funcionarios en movilidad administrativa.