Ley 1/2026, de 8 de abril, integral de impulso de la economía social.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** Una ley que impulsa empresas y organizaciones de economía social, es decir, aquellas que anteponen el beneficio colectivo y social al lucro individual. Incluye cooperativas, mutualidades, asociaciones con actividad económica y empresas de inserción laboral que trabajan para generar empleo o resolver necesidades comunitarias. **A quién afecta** Principalmente a cooperativas, autónomos que se asocian, ONG que tienen actividad económica, y empresas que contratan personas en riesgo de exclusión social. También beneficia a trabajadores de estas entidades, consumidores que usan sus servicios, y administraciones públicas que quieren promover este modelo empresarial. **Qué cambia concretamente** La ley facilita que estas organizaciones accedan a financiación, formación y asesoramiento especializado. Mejora sus condiciones fiscales (reducción de impuestos), simplifica trámites administrativos para constituirse, y establece que las administraciones públicas prioricen contratar con ellas en licitaciones públicas (compras de servicios). También fortalece sus derechos como trabajadores y mejora la regulación de cómo funcionan internamente. **Cuándo entra en vigor** Desde el 8 de abril de 2026. Algunas medidas pueden requerir desarrollo mediante reglamentos posteriores (normas secundarias que detallan
💬 Contexto ciudadano
La economía social española representa más de 43.000 entidades y 2,2 millones de empleos según CEPES. La ley de 2011, marco previo, había quedado obsoleta ante la proliferación de nuevas formas organizativas y el crecimiento del sector cooperativo. Esta Ley de 2026 es la más ambiciosa desde entonces, siguiendo el modelo de la Loi ESS francesa de 2014 y superando en amplitud a las legislaciones italiana y portuguesa. Las CCAA con mayor desarrollo del sector, como Euskadi, Cataluña y Andalucía, ya tenían marcos autonómicos propios; la ley estatal establece un mínimo común a armonizar con ellos. Para cooperativas y entidades sociales, los incentivos fiscales y el acceso preferente a contratación pública son los cambios de mayor impacto económico inmediato.