Orden TMA/278/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen ciertas condiciones a los servicios de movilidad, en orden a la protección de personas, bienes y lugares.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, emitida el 24 de marzo de 2020 durante el estado de alarma por COVID-19, que regula los servicios de transporte (aéreo, terrestre, marítimo y ferroviario) para proteger la salud de las personas y garantizar que los servicios esenciales sigan funcionando. **¿A quién afecta?** A las compañías aéreas, operadores de transporte, y a cualquier ciudadano que necesite desplazarse. Especialmente afecta a quienes viajan desde Italia a España, a los residentes en las islas Canarias que dependen de conexiones aéreas, y a las personas que usan vehículos privados o de transporte público para desplazamientos. **¿Qué cambia o establece?** Prohíbe todos los vuelos directos desde Italia a España a partir del 25 de marzo de 2020, excepto aeronaves de Estado, vuelos de carga, humanitarios, médicos y de emergencia. Permite que ciudadanos españoles y residentes regresen desde Italia, pero solo a través de cinco aeropuertos específicos (Madrid, Barcelona, Las Palmas, Málaga y Palma de Mallorca) con autorización del Ministerio de Sanidad. Autoriza al Director General de Aviación Civil a establecer las condiciones para mantener el transporte aéreo básico entre las islas Canarias. En transporte terrestre, permite que viaje más de una persona en vehículos pequeños respetando distancia sanitaria.
💬 Contexto ciudadano
La Orden TMA/278/2020 representa una ruptura extraordinaria con el régimen previo de libre circulación comunitaria, respondiendo a la emergencia sanitaria del COVID-19 mediante restricciones sin precedentes al transporte aéreo internacional. Mientras que la UE coordinaba recomendaciones de cierre de fronteras bajo directivas de seguridad sanitaria, España implementó esta medida nacional de prohibición de vuelos desde Italia, adoptando un enfoque más restrictivo que otras CCAA que coordinaban medidas en transporte terrestre. Aunque todas las comunidades enfrentaban presiones similares, esta orden concentró la decisión en el nivel estatal mediante el Ministerio de Transportes, limitando la dispersión normativa territorial. Para el ciudadano, supuso una desconexión efectiva del continente en términos aéreos, siendo especialmente gravosa para canarios dependientes de conectividad aérea y para residentes españoles en Italia que requerían autorización expresa. Su importancia radica en establecer el precedente de cómo un estado moderno puede suspender derechos fundamentales de movimiento en contextos sanitarios excepcionales, configurando posteriormente la base para políticas de movilidad post-pandemia.