Decreto-ley Foral 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Un Decreto-ley aprobado por Navarra el 25 de marzo de 2020, que contiene medidas urgentes para responder a la crisis sanitaria del COVID-19. Es el segundo paquete de medidas de este tipo, complementando uno anterior del 18 de marzo. **¿A quién afecta?** Afecta a empresas adjudicatarias de contratos públicos, receptores de subvenciones públicas, centros residenciales de servicios sociales, recursos de acogida para mujeres víctimas de violencia, familias inquilinas en vivienda libre o protegida, promotoras inmobiliarias, y procedimientos de planificación urbanística en trámite. **¿Qué cambia o establece?** Permite suspender o prorrogar contratos públicos sin resolverlos, indemnizar a las empresas afectadas por esa suspensión, modificar condiciones de subvenciones cuando es imposible ejecutarlas, intervenir centros residenciales para reorganizar residentes según necesidades sanitarias, poner centros privados a disposición del sistema sanitario, flexibilizar los límites de estancia en recursos de acogida, adoptar medidas de vivienda protegida y ayudas a inquilinos, y suspender los plazos de trámite en procedimientos de planificación urbanística.
💬 Contexto ciudadano
El Decreto-ley Foral 2/2020 de Navarra, aprobado el 25 de marzo de 2020, amplía y profundiza las medidas del primer decreto-ley foral COVID, incorporando medidas económicas para empresas y trabajadores en el ámbito de competencia foral. La segunda oleada normativa —una semana después de la primera— responde al aprendizaje acumulado tras los primeros días del estado de alarma: las necesidades más urgentes habían quedado cubiertas y ahora era necesario articular medidas de sostenibilidad económica para el tejido productivo navarro. Navarra, con una economía industrial diversificada —automoción, agroalimentaria, energías renovables— tenía un tejido empresarial que necesitaba medidas específicas de apoyo a la liquidez, aplazamiento de obligaciones tributarias y medidas laborales complementarias a las estatales adoptadas mediante ERTE.