Decreto-ley 5/2020, de 3 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en materia de política social y sanitaria.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Un decreto-ley aprobado por la Junta de Extremadura el 3 de abril de 2020 con el objetivo de adoptar medidas urgentes y extraordinarias en materia de política social y sanitaria para responder a la emergencia del COVID-19 y al estado de alarma declarado por el Gobierno. **¿A quién afecta?** Afecta a los ciudadanos vulnerables que reciben prestaciones sociales (como la Renta Básica Extremeña de Inserción o la Renta Extremeña Garantizada), a las entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios sociales y sanitarios, y a los servicios de atención a personas con discapacidad en Extremadura. **¿Qué cambia o establece?** Permite que durante el estado de alarma no sea necesario demostrar constantemente que siguen cumpliéndose los requisitos para recibir prestaciones; establece la prórroga automática de prestaciones que estén a punto de vencer; flexibiliza los requisitos para acceder a ayudas sociales; agiliza el trámite de las subvenciones destinadas a programas de atención social; y exime a los beneficiarios de cumplir compromisos en sus programas de inserción mientras dure la crisis sanitaria.
💬 Contexto ciudadano
El Decreto-ley 5/2020 de Extremadura adopta medidas urgentes de política social y sanitaria, incluyendo refuerzos de personal en el servicio extremeño de salud, medidas de apoyo a los servicios sociales y habilitaciones para la contratación de emergencia de profesionales sanitarios. Extremadura, con altas tasas de desempleo y mayor dependencia de los servicios sociales públicos que la media nacional, fue especialmente sensible a los efectos sociales de la pandemia. La serie de decretos-ley autonómicos de Extremadura —cuatro en menos de tres semanas— refleja el ritmo intenso de la actividad normativa de emergencia durante la primera ola: todas las comunidades debieron actuar en paralelo para cubrir los ámbitos de su competencia, generando una producción legislativa extraordinaria que exigió coordinación entre los distintos instrumentos normativos adoptados en cada nivel de gobierno.