Ley 1/2020, de 3 de febrero, del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una ley que define y regula el tercer sector social de Castilla-La Mancha. Identificala como el conjunto de entidades privadas sin ánimo de lucro, surgidas de iniciativa ciudadana o social, que trabajan por solidaridad y participación social en asuntos de interés general. Estas entidades desarrollan su actividad en ámbitos como servicios sociales, atención a la dependencia, inclusión de personas vulnerables y promoción de derechos. **¿A quién afecta?** Afecta a las organizaciones del tercer sector social de la región (asociaciones, fundaciones, cooperativas de trabajo, etc.) que no tienen ánimo de lucro y trabajan en inclusión social. También afecta a las personas que forman parte de ellas como socias, voluntarias o empleadas. Afecta igualmente a la Administración autonómica, que debe colaborar y participar con estas entidades en la toma de decisiones y provisión de servicios públicos. **¿Qué cambia o establece?** Establece nuevas estructuras de diálogo entre la Administración y estas entidades, especialmente la Comisión para el Diálogo Civil con la Mesa del Tercer Sector Social. Define los ámbitos donde pueden actuar estas organizaciones, los principios que deben cumplir y sus obligaciones. Crea un inventario de entidades del tercer sector y regula las medidas de fomento y colaboración que la Administración puede adoptar para fortalecer su participación en políticas públicas de servicios sociales y protección social.
💬 Contexto ciudadano
La Ley 1/2020 de Castilla-La Mancha regula el Tercer Sector Social, reconociendo jurídicamente el papel de las entidades sin ánimo de lucro —asociaciones, fundaciones, cooperativas sociales— en la prestación de servicios de interés general. La norma se enmarca en la tendencia de varias comunidades autónomas a reconocer el Tercer Sector mediante legislación propia, siguiendo el modelo de la Ley Estatal del Tercer Sector de Acción Social de 2015. Castilla-La Mancha, con un territorio extenso y disperso demográficamente, depende en mayor medida que otras comunidades de las organizaciones del Tercer Sector para la prestación de servicios sociales en zonas rurales con escasa densidad de servicios públicos directos. La ley establece un registro propio, un consejo de participación y medidas de fomento para fortalecer a estas organizaciones en el ámbito autonómico.