Real DecretoNacionalvigente

Real Decreto 1000/2025, de 5 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Instituto de las Mujeres, O.A., a diversas entidades.

BOE-A-2025-22436Publicada: 06/11/2025MINISTERIO DE IGUALDAD

¿Qué dice esta ley?

**Qué es** El Estado va a entregar dinero directamente a varias organizaciones sin pasar por una convocatoria pública. En lugar del proceso normal —donde cualquiera puede solicitar y compiten entre sí— aquí ya se ha decidido a quién va: asociaciones, fundaciones y otras entidades que trabajan en igualdad de género y derechos de las mujeres. **A quién afecta** Principalmente a las organizaciones sociales, fundaciones y asociaciones que luchan contra la violencia de género, impulsan igualdad laboral o desarrollan programas educativos con perspectiva de género. También a las mujeres y colectivos que se benefician de estos programas. Las empresas privadas en este sector no entran en esta línea de financiación directa. **Qué cambia** Estas entidades recibirán fondos sin tener que competir en una convocatoria abierta (lo que acelera el acceso a recursos). El Instituto de las Mujeres —organismo público especializado— asigna el dinero directamente a quiénes considera que mejor pueden ejecutar estos proyectos. Esto agiliza iniciativas consideradas prioritarias en igualdad. **Cuándo entra en vigor** A partir del 5 de noviembre de 2025. Desde esa fecha, las entidades seleccionadas pueden comenzar con los trámites para recibir las subvenciones

💬 Contexto ciudadano

La concesión directa de subvenciones del Instituto de las Mujeres a diversas entidades flexibiliza el modelo anterior de convocatorias competitivas anuales que, según las organizaciones del sector, generaba incertidumbre presupuestaria incompatible con la planificación de programas de medio plazo. El Instituto de las Mujeres, creado en 1983 como primer organismo estatal de igualdad, gestiona más de 30 millones de euros anuales en subvenciones a organizaciones de mujeres. La Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017 establecen la obligación de financiar estructuralmente las organizaciones que aplican estas políticas. A diferencia del modelo alemán (donde el BMFSFJ financia directamente a las grandes federaciones de mujeres mediante contratos multianuales) o el sueco (con acuerdos trienales con la sociedad civil), España había mantenido un sistema más competitivo que este decreto empieza a corregir para las entidades de mayor trayectoria y capacidad acreditada.

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