Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

💬 Contexto ciudadano

Antes de la Ley 35/2003, las instituciones de inversión colectiva (IIC) en España se regulaban de forma fragmentada, con normas estatales y autonómicas que no ofrecían una coordinación uniforme. La normativa estatal, como la Ley 21/1992, establecía un marco general, pero las comunidades autónomas desarrollaban su propia regulación, lo que generaba incoherencias y barreras para la movilidad de los fondos. Esta situación contrastaba con la regulación europea, que buscaba una mayor armonización. La Ley 35/2003 fue clave para armonizar el marco legal español con el europeo, facilitando la integración del sistema financiero y mejorando la protección de los inversores.