Real Decreto-leyNacionalvigente

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1813-2020, contra disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

BOE-A-2020-4872Publicada: 08/05/2020TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** El Tribunal Constitucional ha aceptado tramitar un recurso de inconstitucionalidad presentado por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario de VOX. Este recurso cuestiona la validez de una parte específica (disposición final segunda) del Real Decreto-ley 8/2020, que el Gobierno aprobó el 17 de marzo de 2020 para responder a la emergencia económica y social del COVID-19. **¿A quién afecta?** Afecta a los diputados de VOX que presentaron el recurso, al Gobierno que dictó el Real Decreto-ley, y potencialmente a todas las personas y entidades afectadas por las medidas que contiene esa disposición final segunda del decreto de COVID-19. **¿Qué cambia o establece?** El Tribunal Constitucional abre formalmente el procedimiento para analizar si la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020 es conforme a la Constitución. Si el Tribunal la declara inconstitucional, podrá anularla. Por ahora solo se admite el recurso a trámite, sin que haya decisión sobre el fondo.

💬 Contexto ciudadano

El Real Decreto-ley 8/2020 fue el primer instrumento de emergencia del Gobierno frente a la pandemia, basándose en la potestad constitucional de decreto-ley en situaciones extraordinarias. Aunque países UE como Francia e Italia utilizaron mecanismos similares de excepción legislativa, la particularidad española residió en el alcance y concentración de poderes ejecutivos. El recurso de VOX impugna si la disposición final segunda cumple los requisitos de extraordinaria necesidad y urgencia exigidos constitucionalmente. Mientras el Gobierno defiende su validez, el Tribunal Constitucional debe verificar si se respetaron los límites al poder del decreto-ley. Para el ciudadano, esta decisión es fundamental pues determina la legalidad de medidas que afectaron derechos fundamentales, económicos y sociales durante toda la pandemia.

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