Ley 26/2001, de 31 de diciembre, de Cooperación al Desarrollo.

💬 Contexto ciudadano

Antes de la Ley 26/2001, la cooperación al desarrollo en España se regulaba de forma dispersa, con competencias repartidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas (CCAA), lo que generaba incoherencias y falta de coordinación. La norma estatal establecía marcos generales, pero las CCAA tenían autonomía para desarrollar su propia política, lo que llevaba a disparidades en la financiación y en los objetivos. Esta situación contrastaba con el marco europeo, donde la Unión Europea (UE) promovía una política común de cooperación al desarrollo, con una mayor coherencia y coordinación entre los Estados miembros. La importancia de la Ley 26/2001 radica en su papel de consolidar un marco integrado, alineado con la UE, para mejorar la eficacia y coherencia de la acción española en el ámbito internacional.