Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española.

💬 Contexto ciudadano

Antes del Real Decreto 658/2001, la regulación de la abogacía en España era fragmentada, con normas estatales y autonómicas que no ofrecían una uniformidad nacional. La Constitución de 1978 había establecido el derecho a la defensa, pero no detallaba su organización. La existencia de normas diferenciadas entre las Comunidades Autónomas y el Estado generaba incoherencias y dificultades para la ejercicio de la profesión. La importancia de este Real Decreto radica en que estableció un marco común, garantizando la igualdad de trato y la protección de los derechos de los abogados, alineándose con los principios de la Unión Europea y promoviendo una regulación más eficiente y coherente.