Sentencia de 29 de mayo de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 1/54/2018, interpuesto por la Asociación Empresarial Multisectorial CECOT contra la Orden ETU/1283/2017, de 22 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el año 2018.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una sentencia del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2020 que resuelve un recurso contra la Orden ETU/1283/2017. Esta orden del 22 de diciembre de 2017 establecía los peajes y cánones que las empresas deben pagar para acceder a las instalaciones de transporte de gas, así como la retribución de otras actividades reguladas para el año 2018. **¿A quién afecta?** Afecta a CECOT (Asociación Empresarial Multisectorial), que fue quien impugnó la orden ante los tribunales. También afecta a todas las empresas que utilizan o gestionan las instalaciones de transporte de gas, ya que la sentencia modifica lo que establecía aquella orden sobre peajes y retribuciones. **¿Qué cambia o establece?** La sentencia declara nulo el artículo 5 de la Orden ETU/1283/2017, lo que significa que esa parte de la orden no es válida y no puede aplicarse. Rechaza el resto de reclamaciones de CECOT. No se condena al pago de gastos procesales a ninguna de las partes. Esta nulidad parcial obliga a revisar cómo se aplicaban los peajes y cánones contemplados en ese artículo 5.
💬 Contexto ciudadano
El régimen de peajes gasistas ha estado en revisión constante desde la liberalización del mercado energético en 2003, conforme a directivas europeas de competencia. La Orden ETU/1283/2017 actualizaba estas tarifas para 2018, bajo autoridad estatal centralizada aunque convergente con marcos de otras CCAA. La anulación parcial por el Tribunal Supremo introduce un control judicial inédito sobre metodologías tarifarias que anteriormente se aplicaban automáticamente. Si bien afecta directamente a operadores gasistas y CECOT, repercute indirectamente en ciudadanos: estos peajes se trasladan a precios finales de gas. La sentencia refuerza la exigencia de transparencia regulatoria, un debate similar al que enfrentan Francia, Alemania y otros países europeos ante presiones de liberalización y eficiencia energética.