Resolución de 20 de octubre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2025, por el que se aprueba el IV Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado y en los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella.
¿Qué dice esta ley?
**IV Plan para la Igualdad de Género en la Administración Pública** La Administración Pública española se compromete a reducir desigualdades entre hombres y mujeres en sus estructuras internas. Este plan define medidas concretas para que el sector público sea más equitativo en contratación, promoción y condiciones laborales durante los próximos años. Afecta directamente a empleados públicos (funcionarios y personal laboral) y a cualquiera que opte a trabajar en la Administración General del Estado y sus organismos públicos. También impacta indirectamente en ciudadanía, pues una administración más equitativa tiende a diseñar políticas más inclusivas. El plan establece objetivos específicos: aumentar la presencia de mujeres en puestos directivos, garantizar igual salario por trabajo igual, mejorar la conciliación laboral-familiar (permisos parentales, teletrabajo), formar a responsables sobre igualdad y prevenir el acoso. Crea también canales para denunciar discriminación sin represalias. Entra en vigor el 20 de octubre de 2025, con seguimiento anual de avances. Es el cuarto plan de este tipo desde 2005, lo que indica que la Administración renueva periódicamente sus compromisos según nuevas realidades sociales.
💬 Contexto ciudadano
El IV Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado actualiza un instrumento de política pública existente desde 2005, cuando la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad lo hizo obligatorio para la AGE. Los tres planes anteriores han generado avances pero no han eliminado las brechas: la presencia de mujeres en puestos de libre designación (altos cargos) es del 38%, y la brecha salarial en el sector público ronda el 12%, según el diagnóstico del propio ministerio. A diferencia de Suecia o los Países Bajos, que aplican políticas de cuotas más estrictas en el sector público con resultados de paridad más rápidos, el modelo español opta por planes de acción con objetivos progresivos. La administración pública, como mayor empleadora de España con más de 3 millones de empleados públicos (incluyendo CCAA y EELL), tiene una responsabilidad especial: sus políticas de igualdad interna marcan el estándar de referencia para la aplicación de la misma Ley 3/2007 en el sector privado.