Sentencia de 10 de marzo de 2020, de la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo 1/279/2018, interpuesto por el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales y el Colegio Nacional de Ingenieros procedentes del Instituto Católico de Artes e Industrias (I.C.A.I.), contra el Real Decreto 132/2018, de 16 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2020 que anula parcialmente el Real Decreto 132/2018. Este decreto había aprobado los estatutos de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de España. El Tribunal desestima parte del recurso presentado por los colegios de ingenieros, pero sí acepta parte de sus reclamaciones. **¿A quién afecta?** Afecta a los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de España, especialmente en lo relacionado con el título de "Graduado en Ingeniería de la rama industrial". También afecta potencialmente a las personas que ostentan o buscan obtener ese título específico. **¿Qué cambia o establece?** La sentencia anula los artículos 3 y 56.2 y 4 del Real Decreto 132/2018, pero solo en lo que concierne al título de "Graduado en Ingeniería de la rama industrial". Esto significa que esas disposiciones no serán válidas para regular ese título en concreto. El Tribunal no impone costas del proceso a ninguna de las partes.
💬 Contexto ciudadano
Antes de 2018, los Colegios de Ingenieros Técnicos operaban bajo regulaciones anteriores; el Real Decreto 132/2018 intentó modernizar sus estatutos mediante decreto gubernamental. Esta sentencia, al anular parcialmente esa normativa, refleja una tensión recurrente en España sobre la delimitación de competencias profesionales en ingeniería—similar a debates en otras CCAA y al contexto europeo de directivas sobre cualificaciones. Mientras el Gobierno aprobó el decreto, los colegios lo impugnaron judicialmente, prevaleciendo parcialmente ante el Tribunal Supremo. Para el ciudadano importa porque esta regulación determina quién puede titularse y ejercer como ingeniero industrial, incidiendo directamente en el acceso profesional, competencia técnica certificada y mercado laboral del sector.