Convenio entre el Reino de España, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Interamericana de Inversiones, para la modificación y reformulación del Fondo General de Cooperación de España en aplicación del Acuerdo Marco entre el Reino de España, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Interamericana de Inversiones, hecho en Buenos Aires el 30 de noviembre de 2018.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es un acuerdo entre España, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest) para reformular el Fondo General de Cooperación de España. Este fondo existe desde 2001 y recibe aportaciones de dinero de España que se utilizan para financiar proyectos y actividades en América Latina. El acuerdo actualiza las normas del fondo para que BID Invest, que es la rama del banco que trabaja con empresas privadas, pueda usar también estos recursos. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a España, que es quien aporta el dinero al fondo, y al BID e BID Invest, que son los encargados de administrarlo y ejecutarlo. Indirectamente afecta a todos los proyectos, empresas y poblaciones de América Latina que se benefician de las acciones financiadas con estos recursos, especialmente en pequeñas y medianas empresas y en comunidades en situación de pobreza. **¿Qué cambia o establece?** Establece que los recursos del fondo pueden financiar actividades de cofinanciación, asistencia técnica y contratación de personal tanto del BID como de BID Invest. Define que estos recursos se pueden usar en proyectos relacionados con reducir la pobreza, fortalecer la integración regional, mejorar la productividad, promover empresas privadas, proteger el medio ambiente, luchar contra el cambio climático, combatir la corrupción y modernizar instituciones públicas.
💬 Contexto ciudadano
El Fondo General de Cooperación de España con el BID, operativo desde 2001, respondía originalmente a la estrategia bilateral de cooperación técnica y financiera en América Latina bajo supervisión exclusiva del sector público. Esta reformulación de 2018 representa una evolución hacia la cooperación privada-pública, alineada con la estrategia europea de desarrollo sostenible que enfatiza la movilización de fondos privados (como establecen la Agenda 2030 y directrices UE sobre financiación climática). El instrumento ya estaba aprobado en España y por ambas instituciones interamericanas; esta modificación ampliaba sus capacidades sin requerir nuevas ratificaciones legislativas. La relevancia para el ciudadano español radica en maximizar el retorno de sus aportaciones fiscales mediante proyectos que generan empleo y desarrollo en América Latina, reducen migraciones forzadas y abren mercados para empresas españolas, mientras que para poblaciones latinoamericanas implica acceso a financiación privada combinada con cooperación pública en sectores estratégicos como energía limpia y pequeña empresa.