Decreto-ley 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protección del territorio de las Illes Balears.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Un decreto-ley aprobado por el Gobierno de las Illes Balears el 25 de mayo de 2020 que adopta medidas urgentes para proteger el territorio. Busca aumentar la protección del suelo rústico (no urbanizable), frenar la expansión urbanística que no se ajuste a la normativa territorial existente, mejorar la integración paisajística de las fincas rústicas y establecer medidas para ahorrar agua. **¿A quién afecta?** Afecta a toda la gestión del territorio, el suelo y el medio ambiente de las Illes Balears. Impacta en municipios, administraciones públicas, propietarios de terrenos rústicos y en cualquier actividad de urbanización o desarrollo territorial que se lleve a cabo en la comunidad autónoma. **¿Qué cambia o establece?** Introduce normas legales que prohíben o restringen la nueva construcción en terrenos rústicos que no cumplen con los planes de ordenación territorial vigentes. Exige medidas para recuperar y conservar el paisaje en las propiedades rústicas. También fija requisitos de eficiencia hídrica. Todo esto se hace para frenar la urbanización excesiva que ha transformado las Islas y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible que respete el medio ambiente y el territorio.
💬 Contexto ciudadano
El Decreto-ley 9/2020 de Illes Balears adopta medidas urgentes de protección territorial, reforzando la clasificación y protección del suelo rústico y limitando nuevas actuaciones urbanísticas no vinculadas a usos agrarios o naturales. Las islas afrontan una presión urbanística crónica derivada del turismo: la demanda de segundas residencias, hoteles y complejos turísticos ha consumido suelo agrícola y paisajístico de forma acelerada durante décadas. La norma aprovecha el contexto de crisis —cuando la construcción estaba paralizada— para reforzar los instrumentos de ordenación del territorio, siguiendo la tradición balear de legislación proteccionista del paisaje que tiene en la Llei General Turística y en las normas de Caràcter Territorial autonómicas algunos de sus hitos más significativos en el derecho autonómico español de protección ambiental.