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ResoluciónNacionalvigente

Resolución de 10 de agosto de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen las condiciones financieras aplicables a las operaciones de préstamo entre la Administración General del Estado y las Entidades Locales, según los términos previstos en el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las Entidades Locales.

BOE-A-2020-9487Publicada: 11/08/2020Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Una Resolución que fija las condiciones financieras para operaciones de préstamo entre la Administración General del Estado y las Entidades Locales (ayuntamientos, diputaciones provinciales y consejos insulares). Permite que los gobiernos locales presten voluntariamente los fondos que tienen acumulados en tesorería al Estado, sin necesidad de firmar un contrato formal. **¿A quién afecta?** A los ayuntamientos, diputaciones provinciales y consejos insulares que decidan participar voluntariamente en este programa. La participación es libre, pero el compromiso de prestar los fondos, una vez acordado por el Presidente de la corporación local, es vinculante e irrenunciable. **¿Qué cambia o establece?** La Resolución establece que el préstamo se realiza sin formalización mediante contrato escrito; fija un tipo de interés anual fijo que no puede superar el coste de financiación de la Deuda del Estado; permite que las Entidades Locales elijan entre dos opciones de préstamo diferentes; ordena que el desembolso de los fondos se haga en un único acto entre septiembre de 2020 y diciembre de 2021; designa un banco agente para gestionar cobros y pagos; y limita las comisiones y gastos a un máximo de 2 puntos básicos anuales.

💬 Contexto ciudadano

La Resolución de 10 de agosto de 2020 fija las condiciones financieras de los préstamos entre la Administración General del Estado y las entidades locales en el marco del Real Decreto-ley 27/2020. Este mecanismo permitía a los ayuntamientos prestar sus remanentes de tesorería al Estado para obtener a cambio liquidez garantizada con devolución futura, respondiendo a la situación paradójica en que muchos ayuntamientos acumulaban superávit mientras el Estado necesitaba financiación para el gasto COVID. Aunque el Real Decreto-ley 27/2020 fue posteriormente derogado por el Congreso, esta resolución ilustra la creatividad de los instrumentos financieros desplegados y la complejidad de las relaciones financieras intergubernamentales durante la crisis pandémica española.

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