Ley 6/2025, de 23 de julio, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2025.
¿Qué dice esta ley?
**Presupuestos de las Illes Balears 2025** Es el documento que fija cuánto dinero gastará la administración balear durante 2025 y en qué lo va a invertir. Es como el plan financiero anual: establece los ingresos previstos (impuestos, tasas, fondos del Estado) y detalla cada euro asignado a sanidad, educación, infraestructuras, servicios sociales y otros gastos públicos. Sin estos presupuestos aprobados, la administración no puede ejecutar sus políticas. Afecta principalmente a ciudadanos y empresas de las Illes Balears: determina qué servicios públicos podrán financiarse plenamente, si habrá inversiones en transportes o educación, y cómo se recaudarán los impuestos necesarios. También influye en trabajadores públicos (salarios), contratistas que aspiren a obras públicas y autónomos que dependan de contratos con la administración. Concretamente, al aprobarse esta ley, queda vinculada la administración balear a gastar solo en lo presupuestado, no puede desviarse sin autorización. Define si hay dinero para subidas salariales de empleados públicos, para becas, para limpiar playas o para reforzar plantillas en hospitales. Es la brújula que guía cada gasto público durante 2025. La ley entró en vigor
💬 Contexto ciudadano
Los Presupuestos de Baleares para 2025 son el primer ejercicio presupuestario completo del gobierno de Marga Prohens (PP) sin la necesidad de aprobar los heredados de la legislatura anterior. Baleares tiene la peculiaridad de ser la CCAA con mayor PIB per cápita (29.400€) pero con problemas severos de cohesión social, principalmente por el coste de la vivienda: el precio del alquiler en Palma supera en un 40% la media española. El debate presupuestario balear refleja esta tensión entre una economía formalmente rica y una crisis de accesibilidad residencial que expulsa a trabajadores del sector servicios y deteriora los servicios públicos por dificultad de retención de profesionales. A diferencia de Madrid o Cataluña (que también tienen sus propios presupuestos con debates similares), Baleares enfrenta la combinación de insularidad (costes adicionales de transporte e infraestructuras) y estacionalidad turística que hace especialmente compleja la gestión fiscal anual.