Resolución de 28 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de julio de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del primer tramo de la línea de avales a financiación concedida a empresas y autónomos con la finalidad principal de financiar inversiones y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una norma que publica un programa de garantías públicas (avales) del Estado. El Gobierno aprobó este programa el 28 de julio de 2020 para que los bancos y otras entidades financieras concedan préstamos a empresas y autónomos con la garantía del Estado. El primer tramo del programa dispone de 8.000 millones de euros. **¿A quién afecta?** A empresas y autónomos españoles que necesiten financiación. La prioridad son las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los trabajadores autónomos. También afecta a los bancos y entidades financieras supervisadas que otorguen los préstamos con estas garantías. **¿Qué cambia o establece?** El Estado garantiza entre el 70% y el 80% del préstamo que conceda una entidad financiera. Los préstamos pueden usarse para financiar nuevas inversiones, gastos corrientes relacionados con inversiones, o la ampliación y renovación de equipos e instalaciones. Se prohíbe usar el dinero avalado para pagar dividendos, y no pueden beneficiarse empresas con sede en paraísos fiscales. El Instituto de Crédito Oficial administra el programa y debía ponerlo en marcha antes del 10 de septiembre de 2020.
💬 Contexto ciudadano
La Resolución de 28 de julio de 2020 aprueba el primer tramo de la línea de avales para la financiación de inversiones por empresas y autónomos, completando el arsenal de instrumentos financieros COVID. Esta segunda fase de avales —tras los avales de liquidez aprobados en marzo— se orientó específicamente a financiar inversiones productivas, buscando contribuir a la recuperación más allá del mero mantenimiento de la liquidez. España fue el país de la UE que activó la mayor línea de avales en términos relativos —más del 8% del PIB— superando a Francia e Italia en cobertura, lo que generó un intenso debate sobre el impacto potencial en el endeudamiento público en caso de materialización de fallidos en las carteras avaladas por el ICO.