Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente y por la que se modifica la Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos, la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Orden ETD/699/2020 regula los créditos revolventes, principalmente tarjetas de crédito, donde el prestatario puede disponer dinero hasta un límite sin necesidad de devolverlo todo al mes, sino pagando cuotas periódicas que él mismo elige. El dinero que paga se vuelve a poner disponible automáticamente, creando un crédito que se renueva de manera continua. El Banco de España establece esta regulación porque estos créditos han generado litigios sobre intereses muy altos y riesgos de endeudamiento excesivo. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a los ciudadanos que usan o podrían usar tarjetas de crédito revolving, especialmente en situaciones de vulnerabilidad económica. También afecta a los bancos y entidades financieras que comercializan estos productos, que ahora deben cumplir nuevas obligaciones de evaluación y transparencia. Afecta igualmente al Banco de España, que modifica cómo gestiona la información de riesgos de los clientes. **¿Qué cambia o establece?** La orden obliga a las entidades a evaluar con mayor rigor la capacidad de devolución de sus clientes antes de conceder este crédito. Establece que deben proporcionar información clara y detallada antes de contratar, durante el contrato y periódicamente sobre la deuda. Modifica también la Central de Información de Riesgos del Banco de España para que los bancos tengan mejor información al analizar la solvencia de clientes. Todo esto busca evitar que los clientes se endeuden excesivamente sin entender las consecuencias reales del producto.
💬 Contexto ciudadano
La Orden ETD/699/2020 regula los créditos revolventes —principalmente tarjetas de crédito de pago aplazado— estableciendo obligaciones reforzadas de información al consumidor, evaluación de solvencia y criterios de crédito responsable. Esta norma responde a la proliferación de litigios judiciales sobre tarjetas revolving con tipos superiores al 20% anual, que los tribunales declaraban usurarias en aplicación de la Ley Azcárate de 1908. El Tribunal Supremo fijó criterio en sentencia de noviembre de 2015, creando incertidumbre jurídica para emisores y usuarios. España se alineó así con las tendencias europeas de protección al consumidor de crédito al consumo, aunque con cierto retraso respecto a países como el Reino Unido, que había regulado las tarjetas revolving con mayor detalle desde años anteriores y había impuesto límites máximos a los tipos de interés aplicables.