Orden PJC/1216/2025, de 30 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional de 14 de julio de 2025, por el que se aprueba el procedimiento para el desarrollo del Catálogo de Recursos de la Seguridad Nacional, nivel Comunidades y Ciudades Autónomas.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** El gobierno ha establecido un procedimiento oficial para crear un catálogo que identifique y clasifique todos los recursos (instalaciones, servicios, infraestructuras) que son críticos para la seguridad nacional a nivel autonómico y local. Básicamente, es un inventario sistemático de qué recursos de cada comunidad autónoma son tan importantes que si fallan, afectan a la seguridad del país. **A quién afecta** Principalmente a las comunidades autónomas, ciudades autónomas y administraciones locales, que deberán colaborar en identificar y reportar sus recursos críticos. También afecta a empresas privadas que gestionen infraestructuras esenciales (agua, energía, telecomunicaciones, sanitarios). Los ciudadanos se ven indirectamente beneficiados porque mejora la protección de servicios vitales. **Qué cambia** Se crea un procedimiento claro y uniforme para que todas las comunidades autónomas determinen cuáles son sus recursos críticos para la seguridad nacional, siguiendo criterios comunes. Esto permite al Estado tener una visión completa de vulnerabilidades y prioridades de protección en todo el territorio, evitando duplicidades y garantizando que nada importante se queda fuera del radar de seguridad. **Cuándo entra en vigor** La orden se publica el 30 de octubre de 2025 y comienza a aplic
💬 Contexto ciudadano
El procedimiento para el Catálogo de Recursos de la Seguridad Nacional a nivel autonómico extiende a las Comunidades Autónomas la lógica de identificación y protección de infraestructuras críticas que el Estado central comenzó a aplicar en 2024. La Ley 8/2011 de Protección de Infraestructuras Críticas (PIC) establece la necesidad de coordinación estatal-autonómica, pero hasta ahora el nivel autonómico carecía de un procedimiento normalizado. Las CCAA gestionan hospitales, universidades, redes de agua potable, sistemas de transporte regional y centros de datos que son infraestructuras críticas por su importancia para la población, aunque no siempre sean infraestructuras de nivel nacional. La Directiva CER europea (2022/2557) exige integrar a las autoridades regionales en los sistemas nacionales de protección. Para España, con 17 sistemas autonómicos con competencias en servicios básicos muy relevantes, el catálogo a nivel autonómico es imprescindible para la resiliencia nacional.