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Resolución de 25 de septiembre de 2020, del Instituto Social de la Marina, sobre las prórrogas otorgadas a la validez de los certificados preceptivos para el sector marítimo-pesquero, con motivo del COVID-19.

BOE-A-2020-11361Publicada: 29/09/2020Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Una resolución del Instituto Social de la Marina que establece nuevas fechas límite para los certificados de los trabajadores del sector marítimo-pesquero. Durante la pandemia de COVID-19 se habían extendido estos certificados para mantener la actividad laboral. Ahora, con la reapertura de los centros de salud marítima, se actualiza cuándo vencen realmente esos certificados. **¿A quién afecta?** A los trabajadores del sector marítimo-pesquero, principalmente marineros y tripulantes de buques que necesitan tener certificados vigentes para poder trabajar en el mar. En concreto, afecta a quienes tengan certificados de formación sanitaria, certificados de revisión de botiquines a bordo, o certificados médicos de aptitud para embarcar. **¿Qué cambia o establece?** Fija tres nuevas fechas de vencimiento: los certificados de formación sanitaria y de botiquines vencen el 31 de diciembre de 2020; los certificados médicos de aptitud vencen el 31 de octubre de 2020 (salvo que ya hayan vencido antes por prórroga anterior). Para marineros internacionales, si el certificado médico vence durante una travesía, sigue siendo válido hasta el próximo puerto donde puedan renovarlo, pero no más de tres meses extra. Cancela la resolución anterior de abril de 2020.

💬 Contexto ciudadano

La Resolución del Instituto Social de la Marina de 25 de septiembre de 2020 establece nuevos plazos para que los trabajadores del sector marítimo-pesquero renueven los certificados cuya validez había sido prorrogada durante la pandemia. La prórroga inicial fue una medida adoptada también por la Organización Marítima Internacional, que instó a los Estados a aplicar flexibilidad en el reconocimiento de certificados conforme al Convenio STCW. La resolución marca la transición hacia la normalización gradual de los procesos de certificación, garantizando la seguridad marítima sin perjudicar la operatividad de la flota. El sector marítimo-pesquero español, con miles de buques y tripulantes, depende de la validez de estas certificaciones para operar en puertos internacionales y cumplir los requisitos de inspección del Estado rector del puerto.

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