Orden PCM/1042/2020, de 6 de noviembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los juguetes.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una orden que modifica las normas sobre seguridad de los juguetes en España. Actualiza los límites de dos sustancias químicas —aluminio y formaldehído— que pueden estar presentes en los juguetes. Esta modificación incorpora nuevas reglas europeas más estrictas al ordenamiento español. **¿A quién afecta?** Principalmente a los niños, especialmente a los menores de tres años. También afecta a los fabricantes, importadores y vendedores de juguetes, que deberán cumplir con los nuevos límites establecidos. **¿Qué cambia o establece?** Reduce los límites permitidos de aluminio en los juguetes según nuevos cálculos de toxicidad basados en la ingesta diaria tolerable para un niño. Además, establece por primera vez límites máximos para el formaldehído en juguetes, limitándose a una concentración del 0,1 %. Estos nuevos límites son más restrictivos que los anteriores, buscando proteger mejor la salud de los niños.
💬 Contexto ciudadano
Antes de la Orden PCM/1042/2020, la normativa española sobre seguridad de juguetes se regía por límites menos restrictivos de aluminio y carecía de límites específicos para formaldehído, lo que dejaba márgenes más amplios en la concentración de estas sustancias químicas. Esta orden incorpora al ordenamiento español las restricciones actualizadas de la Unión Europea, armonizando los estándares nacionales con las Directivas comunitarias y asimilándose a los requisitos más exigentes que ya regían en otros Estados miembros. La competencia legislativa en materia de seguridad de productos es estatal, no transferida a las comunidades autónomas, por lo que esta normativa tiene aplicación uniforme en todo el territorio español. Para el ciudadano importa porque reduce significativamente la exposición de los menores —particularmente los más pequeños— a sustancias potencialmente neurotóxicas, elevando los estándares de protección de la infancia y alineando el mercado español con exigencias de salud pública más rigurosas que la normativa anterior.