Instrumento de Aceptación por el que se aprueba la Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto, adoptada en Doha el 8 de diciembre de 2012.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es un documento oficial firmado por el Rey Felipe VI en agosto de 2015, mediante el cual España acepta obligarse por la Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto. Esta enmienda fue adoptada internacionalmente el 8 de diciembre de 2012 y modifica los compromisos climáticos establecidos en el Protocolo original de Kioto. **¿A quién afecta?** Afecta a España y a todos los países desarrollados que firmaron el Protocolo de Kioto, listados en el Anexo B del documento. Estos países incluyen miembros de la Unión Europea, Australia, Japón, Noruega, Suiza, Rusia y otros. La enmienda impacta las políticas nacionales sobre emisiones de gases de efecto invernadero. **¿Qué cambia o establece?** Establece nuevos compromisos cuantificados de reducción o limitación de emisiones para el período 2013-2020, reemplazando los del período anterior (2008-2012). Cada país tiene objetivos específicos: algunos deben reducir emisiones, otros pueden aumentarlas respecto a un año base. Por ejemplo, Australia se compromete al 99,5%, Noruega al 84%, Mónaco al 78%. España mantiene los mismos compromisos que en el período anterior, sin cambios en sus objetivos específicos en esta enmienda.
💬 Contexto ciudadano
El Protocolo de Kioto original, vigente desde 2005, fue el primer acuerdo internacional vinculante sobre reducción de emisiones para 2008-2012. La Enmienda de Doha de 2012 prolonga estos compromisos hasta 2020 con objetivos específicos por país. España, como la mayoría de países desarrollados excepto Canadá (retirado en 2011) y EE.UU., acepta vincularse dentro de la UE, que implementa una política más ambiciosa mediante la Directiva de Comercio de Emisiones. Esta aceptación importa para el ciudadano español porque materializa obligaciones internacionales que impactan directamente en políticas energéticas, industriales y de transporte nacional, estableciendo marcos de cumplimiento con posibles consecuencias económicas para los incumplidores.