Real Decreto 1034/2025, de 12 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a determinadas entidades para actuaciones en el área de igualdad de trato y no discriminación.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** El Estado va a dar dinero directamente a ciertas organizaciones que trabajan contra la discriminación. En lugar de convocar un concurso donde todos compiten, elige a entidades específicas para que realicen proyectos sobre igualdad y trato justo. Es una forma más rápida de financiar iniciativas sin pasar por un proceso competitivo. **A quién afecta** Principalmente a organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones y entidades que se dedican a defender los derechos de grupos discriminados (por género, origen, discapacidad, orientación sexual, etc.). También impacta indirectamente a los ciudadanos que se benefician de estos programas de sensibilización, formación o apoyo legal contra la discriminación. **Qué cambia** Estas entidades recibirán financiación sin necesidad de competir en una convocatoria pública abierta. Esto acelera la puesta en marcha de proyectos sobre igualdad, permite que organizaciones consolidadas planifiquen mejor su trabajo y garantiza recursos sostenidos para actividades de capacitación, asesoramiento y campañas contra discriminación. **Cuándo entra en vigor** A partir del 12 de noviembre de 2025. A partir de esa fecha, la administración puede comenzar a identificar y conceder estas subvenciones directas a las entidades que cumplan los requisitos establecidos
💬 Contexto ciudadano
La concesión directa de subvenciones para igualdad de trato y no discriminación desarrolla la Ley 15/2022, el instrumento más ambicioso aprobado en España en esta materia, que por primera vez establece un marco transversal contra la discriminación por todos los motivos reconocidos en la Constitución y el Derecho europeo. Las convocatorias competitivas anteriores del Ministerio de Igualdad eran insuficientes para sostener a las organizaciones que aplican esta ley; la subvención directa a entidades especializadas agiliza la implementación. La Directiva 2000/43 sobre igualdad racial y la 2000/78 sobre igualdad en el empleo son el marco europeo mínimo; la Ley 15/2022 va más lejos al crear el Consejo para la Igualdad de Trato. A diferencia del modelo francés (con el Défenseur des droits como autoridad única) o el alemán (con la Antidiskriminierungsstelle), España ha optado por una combinación de organismo público y financiación de sociedad civil que requiere recursos estables para funcionar eficazmente.