Real Decreto 1033/2025, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 668/2025, de 22 de julio, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para la prestación del Servicio de teleasistencia móvil a víctimas de violencia contra las mujeres (servicio ATENPRO).
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** El Gobierno amplía la ayuda económica destinada a financiar un servicio de teleasistencia móvil (atención telefónica y de emergencia) para mujeres víctimas de violencia. Es una herramienta que permite a estas mujeres tener contacto directo con operadores especializados 24 horas al día a través del móvil. **A quién afecta** Directamente a mujeres víctimas de violencia de género que pueden acceder al servicio ATENPRO de forma gratuita. Indirectamente afecta a los municipios y provincias que, a través de la Federación Española, reciben fondos públicos para organizar y mantener este servicio. **Qué cambia** Se modifica la cantidad de dinero destinado a este servicio respecto a lo aprobado en julio de 2025. El cambio permite ajustar recursos según las necesidades reales detectadas, mejorando la cobertura o ampliando la disponibilidad del servicio en diferentes territorios. **Cuándo entra en vigor** La modificación se publica en noviembre de 2025, por lo que comienza a aplicarse desde su publicación oficial. No existe una fecha de entrada en vigor diferida, salvo que se especifique en la normativa completa.
💬 Contexto ciudadano
La ampliación de la subvención al servicio ATENPRO de teleasistencia para víctimas de violencia de género refleja el crecimiento continuado de la demanda de este instrumento, que en 2025 supera las 100.000 usuarias activas. El servicio fue creado en 2004 como parte del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género y ha demostrado ser uno de los instrumentos de protección más eficaces: reduce la reincidencia y acorta dramáticamente el tiempo de respuesta policial en situaciones de emergencia. La Ley Orgánica 1/2004 y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017 establecen la obligación estatal de financiarlo; la gestión a través de la FEMP permite llegar a todos los municipios. A diferencia de otros países europeos donde la teleasistencia para víctimas la gestionan ONGs, el modelo español de encargo a la federación de municipios garantiza cobertura universal y acceso igualitario en todo el territorio.