Decreto de 23 de agosto de 1934 (rectificado), aprobando el Reglamento de Policía Minera y Metalúrgica.

💬 Contexto ciudadano

Antes del Decreto de 23 de agosto de 1934, la regulación de la minería en España estaba basada en normas estatales y regionales dispersas, sin un marco uniforme. A diferencia de la regulación de la Unión Europea, que establecía estándares mínimos para la seguridad y el medio ambiente, las Comunidades Autónomas tenían autonomía para legislar en materia minera, lo que generaba disparidades. Esta norma fue un primer paso hacia una regulación más centralizada y homogénea, importante para garantizar la seguridad, el orden público y la sostenibilidad en el sector minero, sentando las bases para futuras legislaciones más integradas.