Orden MinisterialNacionalvigente

Orden APA/1156/2020, de 26 de noviembre, por la que se crean y regulan la Junta de Contratación y la Mesa de Contratación del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A.

BOE-A-2020-15600Publicada: 04/12/2020Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Una orden del Ministerio de Agricultura que crea dos órganos administrativos para el Fondo Español de Garantía Agraria: la Junta de Contratación y la Mesa de Contratación. Estos órganos son grupos de personas que toman decisiones sobre qué contratos hace este organismo público y cómo los adjudica. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente al Fondo Español de Garantía Agraria, que es un organismo público. Indirectamente afecta a empresas y personas que contratan con este organismo, porque los nuevos órganos decidirán cómo se adquieren bienes, servicios y obras. **¿Qué cambia o establece?** Establece quién forma parte de cada órgano (el secretario general, abogados, interventores y responsables de cada área), qué tipos de contratos decide cada uno, y cómo funcionan. Reemplaza una orden de 2001 para adaptarse a nuevas leyes de contratación pública que entraron en vigor en 2017 y a nuevas normas sobre administración digital.

💬 Contexto ciudadano

La Orden APA/1156/2020 crea la Junta de Contratación y la Mesa de Contratación del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), el organismo pagador de las ayudas de la Política Agrícola Común en España. El FEGA gestiona más de 7.000 millones de euros anuales de fondos FEAGA y FEADER, siendo uno de los mayores organismos pagadores de la UE. La creación de órganos específicos de contratación responde a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que exige que los organismos con cierto volumen de contratación cuenten con estos órganos colegiados. Importa porque el FEGA gestiona contratos informáticos, de consultoría y de servicios que son esenciales para el funcionamiento del sistema de pagos de la PAC, y la correcta gobernanza de la contratación garantiza la trazabilidad y el control del uso de los fondos europeos, requisito exigido por la Comisión Europea para evitar correcciones financieras.

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