Real Decreto 1049/2020, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, aprobado por el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una modificación del Reglamento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia. El cambio afecta a cómo se administran dos exámenes: el DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) y el CCSE (prueba de conocimientos sobre la Constitución, organización territorial y cultura de España). Ambos son requisitos obligatorios para que un extranjero obtenga la nacionalidad española. **¿A quién afecta?** A las personas extranjeras que quieren adquirir la nacionalidad española por residencia y deben realizar los exámenes DELE y CCSE. También afecta al Instituto Cervantes, que es la entidad responsable de diseñar y administrar estas pruebas. **¿Qué cambia o establece?** Permite que los exámenes DELE y CCSE se realicen de forma remota mediante medios electrónicos, además de su realización presencial. El Instituto Cervantes fija los supuestos, requisitos y medidas de seguridad necesarios para garantizar la identidad del candidato y el correcto desarrollo de la prueba. Esta posibilidad fue impulsada por la situación de emergencia sanitaria por la COVID-19 para que los procedimientos de nacionalidad pudieran continuar.
💬 Contexto ciudadano
El Real Decreto 1049/2020 modifica el procedimiento de gestión de los exámenes DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) y CCSE (prueba de conocimientos sobre la Constitución y la realidad social y cultural de España), que son requisitos para la adquisición de la nacionalidad española por residencia. Los exámenes de idioma y cultura como requisito de naturalización son un instrumento habitual en los países europeos (test de integración en Alemania, Gran Bretaña, Francia). España los introdujo como requisito general en 2015. La reforma actualiza aspectos operativos de la gestión de las pruebas, que administran el Instituto Cervantes y la UNED. Importa para los cientos de miles de extranjeros que anualmente acceden a la nacionalidad española por residencia, ya que los cambios en los requisitos o la gestión de las pruebas afectan directamente a su proceso de naturalización, con consecuencias sobre los derechos políticos y civiles que la ciudadanía española otorga.