Reglamento UENacionalvigente

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4911-2020, contra la Reforma del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias de 18 de junio de 1997, aprobada por el Pleno de la Cámara con fecha 1 de julio de 2020.

BOE-A-2020-14956Publicada: 26/11/2020TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Una providencia (decisión procesal) del Tribunal Constitucional español que admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad. El recurso cuestiona la reforma del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias que fue aprobada el 1 de julio de 2020. **¿A quién afecta?** A los diputados del Grupo Parlamentario de Vox que presentaron el recurso, a la Junta General del Principado de Asturias como institución cuyos reglamentos son objeto de revisión, y a las normas derivadas de esa reforma que actualmente están en vigor. **¿Qué cambia o establece?** Abre formalmente un proceso constitucional en el que el Tribunal Constitucional analizará si la reforma del reglamento de la Junta General asturiana respeta la Constitución o si contiene disposiciones inconstitucionales. Hasta que el Tribunal dicte sentencia, la reforma permanece vigente aunque cuestionada.

💬 Contexto ciudadano

El recurso de inconstitucionalidad 4911-2020 cuestiona la reforma del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias aprobada en julio de 2020. El recurso, admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, probablemente impugna disposiciones que afectan a los derechos parlamentarios de los grupos de la oposición o a las reglas de funcionamiento de la cámara. Las reformas de los reglamentos parlamentarios son un campo sensible del derecho constitucional porque definen las reglas del juego de la democracia representativa y pueden ser utilizadas por las mayorías para limitar los derechos de las minorías. Importa porque el control de constitucionalidad de los reglamentos parlamentarios es uno de los mecanismos de garantía del pluralismo político en los parlamentos autonómicos, y porque la sentencia del TC definirá los límites dentro de los cuales la mayoría parlamentaria asturiana puede modificar las reglas que rigen la actividad de todos los grupos de la cámara, incluida la oposición.

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