Ley 4/2020, de 18 de noviembre, por la que se modifica la Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de Colegios y Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una ley que actualiza la regulación anterior (de 2002) sobre los colegios profesionales en Extremadura. La modificación era necesaria porque la ley anterior quedó desfasada al cambiar las leyes del Estado español y las normas europeas sobre servicios profesionales. **¿A quién afecta?** Afecta a los colegios profesionales, a los profesionales que están obligados o deciden colegiarse, a los consejos de colegios, y a las personas que contratan servicios de estos profesionales. **¿Qué cambia o establece?** La ley refuerza derechos de los colegiados y consumidores, exige a los colegios más transparencia e información, elimina trámites administrativos injustificados para colegiarse, regula cómo funcionan servicios como el visado y la atención al público, prohíbe establecer honorarios sin justificación, impide la discriminación en el acceso a estas profesiones, y obliga a los colegios a presentar memorias anuales que muestren cómo protegen el interés público.
💬 Contexto ciudadano
La Ley 4/2020 de Extremadura modifica la Ley 11/2002 de Colegios Profesionales para adaptar el marco de los colegios a las exigencias de la Directiva de Servicios (2006/123/CE) y a la posterior normativa estatal de transposición (Ley 17/2009 y Ley 25/2009). La regulación de los colegios profesionales ha sido objeto de reforma en todas las CCAA en la última década para reducir las barreras al ejercicio de las profesiones liberales. Extremadura actualiza con cierto retraso una normativa que otras CCAA ya habían modernizado. Importa porque reduce las trabas administrativas para el ejercicio de las profesiones colegiadas en Extremadura, garantiza que los profesionales de otras CCAA y de la UE puedan ejercer sin restricciones desproporcionadas, y actualiza el marco de gobernanza de los colegios profesionales para mejorar su transparencia y rendición de cuentas, en un contexto en que los colegios han sido señalados como potenciales barreras a la libre competencia en el mercado de servicios profesionales.