Sentencia de 22 de octubre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima en parte el recurso interpuesto por la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón, contra el Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de formación de los conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de control en relació
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una sentencia del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 2020 que decide sobre un litigio presentado por una asociación de empresas de transporte de mercancías. La asociación cuestionaba un decreto del gobierno que modificaba las reglas sobre la formación de conductores de transporte por carretera. **¿A quién afecta?** Afecta directamente a la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (TRADIME ARAGÓN) y, por extensión, a las empresas y conductores del sector de transportes que se vieron afectados por las normas contenidas en el Real Decreto 70/2019. **¿Qué cambia o establece?** El Tribunal Supremo anula el artículo 98 del Real Decreto 70/2019, lo que significa que esa parte de la norma deja de tener validez. Además, determina que la asociación no tiene que pagar los gastos del proceso judicial. La sentencia debe publicarse oficialmente en el Boletín Oficial del Estado.
💬 Contexto ciudadano
La Sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2020 estima parcialmente el recurso de la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón contra el Real Decreto 70/2019, que modificaba los requisitos de formación de conductores de vehículos de transporte por carretera. El TS anuló algunas disposiciones del reglamento por extralimitarse en el desarrollo de la ley habilitante o por ser contrarias a las Directivas europeas sobre formación de conductores. La regulación de la formación de conductores profesionales (Directiva 2003/59/CE) ha sido objeto de frecuentes impugnaciones en España. Importa para el sector del transporte de mercancías, que debe conocer cuáles son los requisitos de formación válidos tras la anulación parcial, y para la Administración, que debe adaptar la normativa reglamentaria a la sentencia, con consecuencias directas en los programas de formación de los centros de transporte y en los procedimientos de habilitación de los conductores.